En su Segundo ensayo sobre el gobierno civil Locke propuso en 1690 las líneas fundamentales de una Constitución representativa: el poder supremo es el representado por el cuerpo legislativo, en el que estarán presentes los ciudadanos, sus estados sociales, sus intereses y sus derechos constituidos, mientras el poder ejecutivo (que se deberá confiar preferentemente a una monarquía) está sencillamente delegado para garantizar la ejecución de las leyes.